El derecho a una vivienda digna para todas las personas
Hoy, como cada primer lunes de octubre celebramos el Día Mundial del Hábitat.
Cada primer lunes de octubre se celebra el Día Mundial del Hábitat, una jornada promovida por Naciones Unidas que nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestras ciudades, pueblos y comunidades, y sobre las condiciones en las que vivimos. Es también una oportunidad para recordar que el acceso a una vivienda adecuada constituye un elemento esencial para que toda persona pueda desarrollar su vida con dignidad.
Desde 1985, el Día Mundial del Hábitat nos recuerda que disponer de un hogar seguro y adecuado no debería ser un privilegio reservado a quienes pueden permitírselo, sino una realidad al alcance de todas las personas.
Este año, el lema es: «Vivienda adecuada para todas las personas». El objetivo es poner el foco en la crisis global de vivienda y en la necesidad de buscar soluciones que permitan garantizar que contar con un refugio seguro, digno y asequible deje de ser un privilegio.
La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales de nuestro tiempo. El incremento de los precios del alquiler, la escasez de vivienda asequible y la precariedad laboral dificultan que muchas personas y familias puedan desarrollar un proyecto de vida estable. Jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al pago de la vivienda, personas que comparten habitaciones por necesidad o quienes se encuentran en situaciones de sinhogarismo y exclusión residencial son algunas de las realidades que encontramos cada día.
Desde Cáritas Diocesana de Valencia somos testigos de cómo la falta de una vivienda adecuada repercute en todos los ámbitos de la vida. La inseguridad residencial afecta a la salud física y emocional, dificulta el acceso y el mantenimiento del empleo, condiciona la educación y el bienestar de los hijos e hijas y debilita las relaciones sociales y la participación comunitaria.
Por eso, cuando hablamos del derecho a la vivienda no hablamos únicamente de disponer de un techo. Hablamos de tener un hogar donde poder descansar, crecer, cuidar, convivir y construir un proyecto de vida con seguridad y estabilidad.
No podemos dar por válido ni normalizar que una persona tenga que vivir en una habitación porque no puede acceder a una vivienda. Una habitación puede ser una solución temporal elegida libremente por determinadas circunstancias personales, pero no debería convertirse en la única alternativa para quienes no pueden afrontar el precio de un hogar adecuado. Mucho menos cuando hablamos de familias con hijos e hijas menores de edad, de personas mayores o de quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Tampoco podemos acostumbrarnos a que haya personas que compartan espacios reducidos en condiciones de hacinamiento, que cambien continuamente de alojamiento o que tengan que elegir entre pagar el alquiler, comprar alimentos o hacer frente a otros gastos básicos. Cuando estas situaciones se convierten en algo cotidiano, existe el riesgo de que como sociedad terminemos aceptándolas como inevitables y no lo son.
La preocupación por la vivienda está muy presente en la Doctrina Social de la Iglesia. El papa Francisco recordó en numerosas ocasiones que «tierra, techo y trabajo» son derechos esenciales de toda persona y una condición necesaria para vivir con dignidad. La Iglesia ha defendido históricamente que la vivienda no puede considerarse únicamente un bien de mercado, sino un elemento fundamental para el desarrollo integral de las personas y las familias.
«Si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos» (FT 127).
Garantizar el acceso a una vivienda digna exige políticas públicas que fomenten el alquiler asequible y la vivienda social, pero también requiere el compromiso de toda la comunidad. La prevención, la solidaridad y la implicación de vecinos, entidades y parroquias son fundamentales para detectar situaciones de vulnerabilidad y acompañar a las personas antes de que la precariedad se convierta en exclusión.
La vivienda es un bien que debe ponerse al servicio de la vida y del bien común. Por eso, cuando existen viviendas que no se utilizan, resulta necesario apelar a la solidaridad y a la responsabilidad social para favorecer que puedan convertirse en hogares para quienes los necesitan. Como recuerda el papa León XIV, «la tierra, la vivienda y el trabajo son derechos sagrados». Ante la crisis habitacional actual, estamos llamados a construir una sociedad que ponga a la persona en el centro, promoviendo viviendas accesibles y alquileres justos. Pensar en el bien común, mirar con amor las necesidades de los demás y no normalizar situaciones de precariedad residencial forma parte del compromiso cristiano por una sociedad más fraterna y humana.
