La regularización extraordinaria: un acto de justicia social y reconocimiento
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha pedido a las Administraciones públicas que habiliten los cauces adecuados y suficientes para que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada el 27 de enero en el Consejo de Ministros pueda vehicularse de la mejor manera posible y siempre al servicio de las personas más frágiles.
Desde el Departamento de Migraciones de la CEE valoran como muy buena noticia el inicio de un proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes.
El obispo responsable de este Ddepartamento, Mons. García Cariñanos manifiesta que han sido muchas las conversaciones, los diálogos, los encuentros con los diversos actores políticos para llegar hasta aquí: «Nos llena de esperanza esta decisión».
Por encima de partidismos e ideologías, la medida regulatoria pondrá luz y esperanza a la situación de muchas personas migrantes, la mayoría de las cuales se situaba en la vulnerabilidad y al borde de la exclusión social.
Se trata de un acto de justicia social y de reconocimiento a tantas personas migrantes que, con su trabajo, llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de España aún a costa de mantenerles en situación irregular.
Con esta medida, estas personas van a poder tener cauces para una mayor integración en nuestra sociedad, que es el objetivo final de esta medida y así, podrán contribuir mejor al bien de la sociedad que les ha acogido.
Este paso pone en el centro a las personas y sus derechos y supone una respuesta necesaria a una realidad social extendida en nuestro país.
Celebramos de manera especial la implicación de la sociedad civil organizada, que ha trabajado desde hace cinco años para que esta medida fuese una realidad efectiva.
Reconocemos que la iniciativa Regularización Ya, respaldada por más de 700 000 firmas, es un claro ejemplo de participación democrática y compromiso social para poner en el debate público propuestas que atiendan las necesidades básicas de tantas y tantas personas.
Esta iniciativa legislativa popular ha contribuido decisivamente a articular una propuesta que sitúa los derechos humanos, la inclusión y la justicia social en el centro de las políticas públicas.
Además, esta regularización es también el fruto de la suma de voluntades entre diversas organizaciones sociales, entidades de derechos humanos y la ciudadanía en general, que ha hecho oír su voz de manera consistente y constructiva en nuestra sociedad española.
Se trata de un ejemplo de política migratoria humana, justa e inclusiva, que reconoce la dignidad de todas las personas y refuerza los valores de cohesión social, que son fundamento de nuestra convivencia.
Recordemos cómo el papa Francisco hablaba de acoger, discernir, integrar y acompañar a las personas migrantes.
La Iglesia ve en cada persona, sobre todo en la que sufre, el rostro de Jesucristo, el Señor.
