No nos faltan razones
La semana pasada hemos participado en las actividades de la Semana para la Erradicación de la pobreza.
Como en años anteriores, desde la plataforma eclesial Enlázate por la Justicia en València (Cáritas, Manos Unidas, CONFER, Redes y CEDIS) nos hemos sumado a la Semana para la Erradicación de la pobreza que gira en torno al 17 de octubre (Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza).
No nos faltan razones. Hoy en día, más de 1800 millones de personas están en situación de pobreza y más de 736 millones subsisten en pobreza extrema (menos de 1,25 dólares/día) dependiendo, además, en gran medida, de actividades sensibles al cambio climático, como la agricultura, la ganadería y la pesca. Una realidad donde las mujeres representan el 70 por ciento de las personas en situación de pobreza.
Es un escándalo moral que millones de personas vivan todavía en la extrema pobreza en un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros. De otra parte, también resulta alarmante el nivel de acumulación y concentración de riqueza en manos de unos pocos privilegiados. Ocho personas, empresarios y hombres todos ellos, acumulan la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, es decir, que 3600 millones de personas.
En Enlázate por la Justicia, hemos realizado esta semana dos acciones concretas: una Eucaristía de las cinco entidades, teniendo como marco de fondo el Sínodo de la Amazonía que se está viviendo en Roma y la participación conjunta en la Manifestación de Pobreza 0.
No obstante, estas acciones no son puntuales o aisladas. Las entidades que conformamos Enlázate por la Justicia realizamos a lo largo del año un sinfín de acciones para atender a las personas empobrecidas en sus necesidades concretas de vivienda, educación, trabajo, asesoría jurídica, familia, alimentos, etc. También para promover su desarrollo integral mediante proyectos sociales de integración y empleo; para denunciar las causas de la pobreza y para garantizar, en ultima instancia, el cumplimiento de los derechos humanos e incrementar las condiciones para vivir una vida digna y decente.
