Cáritas Valencia reclama un pacto social en favor de las personas vulneradas
La entidad ha presentado su Memoria 2025, con un incremento significativo de las atenciones a personas afectadas por la DANA.
Cáritas Diocesana de Valencia ha reclamado esta mañana «un pacto social en favor de las personas que ven vulnerados sus derechos de acceso a la vivienda, a un trabajo digno o una protección social suficiente» en la presentación de su Memoria anual del año 2025 en la que han participado el obispo auxiliar de Valencia, Arturo García, la directora de Cáritas Valencia, Aurora Aranda y la secretaria general de la institución, Belén Lado. En este documento se recogen las actuaciones de la institución el pasado año donde se produjo un incremento significativo de personas debido a las atenciones realizadas con motivo de la DANA de octubre de 2024.
De este modo, la cantidad de personas acompañadas se ha incrementado un 33 por ciento con respecto al año anterior, reduciéndose el porcentaje de personas extranjeras en 9 puntos en relación a 2025. Además, la entidad ha detectado un incremento del 17 por ciento en las personas atendidas por primera vez, también relacionado con las atenciones a personas que nunca antes habían necesitado ayuda de Cáritas y que la demandaron tras las inundaciones.
Sin embargo: «Las atenciones realizadas con motivo de la DANA no explican la cronificación de la pobreza y la exclusión social; la persistencia de las mismas dificultades a las que se enfrentan las personas para acceder a derechos básicos desde hace una década o la normalización de la precariedad a la que estamos asistiendo», según ha explicado la directora de la entidad, Aurora Aranda.
Así, durante 2025, las acciones desplegadas por Cáritas Valencia beneficiaron a más de 73 mil personas (73 742), de las cuales, un 34 por ciento son menores de edad. «Un año más nos encontramos que las personas que acceden a nuestros recursos son cada vez más y tenemos que acompañarlas durante más tiempo», ha añadido.
En este sentido, los perfiles más atendidos siguen la tendencia de años anteriores: personas migrantes en situación administrativa irregular (el 61% de las personas extranjeras atendidas en 2025 lo estaban), mujeres solas con hijos, parejas jóvenes con hijos, familias numerosas y con viviendas precarias. Esta tendencia continuista subraya lo que muestran algunos informes de referencia en el estudio de la pobreza y la exclusión, —como el Informe FOESSA Comunitat Valenciana 2025—, aquellos hogares en los que la persona sustentadora es migrante y/o mujer y aquellos hogares con presencia de menores muestran mayores niveles de exclusión. Es decir, el género y el origen son factores transversales que condicionan el acceso a derechos y la igualdad de oportunidades.
La entidad detecta, además, que la vivienda es el principal factor de desigualdad: 4 de cada 10 personas atendidas ve vulnerado este derecho, bien porque se encuentran en situación de sinhogarismo, bien porque la vivienda no cubre las necesidades de las familias o bien porque están alquiladas o realquiladas sin contrato.
Necesidad de un pacto social
A la vista de esta realidad, Cáritas Valencia ha reclamado un pacto social que implique a todas las instituciones y la ciudadanía. En palabras de Aurora Aranda: «La sociedad valenciana ha demostrado una enorme capacidad de solidaridad. El reto ahora es transformar esa solidaridad puntual en compromiso sostenido con la justicia social y ese compromiso, debe ser asumido por toda la sociedad civil, las administraciones públicas, el sector empresarial, los medios de comunicación, los partidos políticos y muy especialmente, las comunidades cristianas».
Según ha explicado Aranda, citando al papa León XIV: «El cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social; estos son una “cuestión familiar”, son “de los nuestros”» (Dilexit te 104). «Los niveles de desigualdad de los que nos hablan los informes y nuestra Memoria —ha añadido— requieren acuerdos amplios y respuestas sostenidas en el tiempo. Un pacto social de estas características implica construir acuerdos básicos sobre cómo queremos convivir y qué derechos estamos dispuestos a garantizar colectivamente que nadie quede atrás».
