Nota de prensa24/10/2019

Personas voluntarias de Cáritas Valencia participan hoy en el censo de personas sin hogar

Este domingo, 27 de octubre, se celebra el Día de Personas sin Hogar

Personas voluntarias y personal contratado de Cáritas Diocesana de Valencia participarán esta noche en el censo de personas en situación de sin hogar que han organizado una docena de entidades que trabajan en este ámbito.

La iniciativa, para la que se han inscrito más de 800 personas, pretende dimensionar esta realidad social y efectuar un diagnóstico de la situación, sobre el cual se podrán planificar las líneas estratégicas de acción de las entidades sociales y las administraciones públicas. Saber cuántas personas duermen en la calle en València y cómo viven esta situación, es el primer paso para poder desarrollar una intervención social adecuada en este sector de la población.

Este recuento es una convocatoria conjunta en la que colaboran tanto el Ayuntamiento de València como diversas entidades del tercer sector: Accem, Cruz Roja Española, Médicos del Mundo, Asociación Valenciana de Caridad, Cáritas, Asociación Natania, RAIS, Comité Ciudadano Antisida, Bokatas ONG, CEPAIM, Sant Joan de Déu, Misión Evangélica Urbana y FSYC.

Día de las personas sin hogar
El censo se enmarca en la semana en la que Cáritas celebra, en el ámbito estatal, la Jornada de Personas sin Hogar y con ese motivo promueve, junto con otras entidades, la Campaña Nadie Sin Hogar que este año pone la mirada en un rostro femenino para destacar cómo el problema del sinhogarismo afecta doblemente a las mujeres, quienes junto a una menor visibilidad en la calle, son mucho más vulnerables a sufrir agresiones y situaciones de violencia. El lema con el que se ha convocado la Jornada este año: “Pon cara al sinhogarismo, ¡di basta! Nadie sin hogar es posible” pretende incidir, además, en que estas situaciones las viven personas concretas, con rostro, nombre y apellidos a quienes debemos mirar de frente y darles visibilidad.

40 000 personas sin hogar y casi 60 000 desahucios
“Me quedé sin trabajo, el banco me desahució y ahora vivo en la calle. Lo peor es que parece que dejas de existir. Llegó un momento en que no me importaba nada”. Estas palabras de Sara ponen voz a la experiencia de desarraigo que viven más de 40 000 personas que siguen estando en situación de sin hogar en todo el territorio español y cuya cifra en la ciudad de València conoceremos pronto.

A estas personas se añaden las miles de familias afectadas por alguno de los 59 671 desahucios que se realizaron en 2018 en toda España (8083 en la CV). Esta situación de grave vulnerabilidad a la que está sujeto el derecho a la vivienda en nuestro país viene rubricado también por los datos del VIII Informe FOESSA presentado en junio pasado, donde se apunta que casi 800 000 hogares y 2,1 millones de personas sufren situaciones de gran precariedad en la vivienda. En la CV ha aumentado el porcentaje de hogares con deficiencias graves en la construcción o ruina que ha pasado del 0,3 por ciento en 2013 al 2,8 por ciento en 2018 (que suponen 43 000 hogares y 148 000 personas afectadas).

La importancia de la prevención
Además de denunciar y cuestionar el actual modelo socioeconómico que genera tantas situaciones de descarte y que tiene su mayor impacto en las personas sin hogar, las organizaciones que convocan esta Jornada ponen el foco en la importancia de la prevención como parte de la solución de este problema, tanto a través de propuestas que permitan anticiparse a la pérdida del hogar, como de medidas políticas que garanticen el derecho a la vivienda.

De forma concreta, se reclama la articulación de medidas como:

  1. prevención de las situaciones de pérdida de vivienda (p.e. mayor protección de los hogares vulnerables en situaciones de desalojo, con una garantía de alojamiento alternativo, etc.);
  2. protocolos de actuación a la salida de los recursos sociales para estas personas, destinados a prevenir situaciones de mayor exclusión residencial (salidas de centros penitenciarios, altas hospitalarias, etc.); 
  3. sistema de garantía de ingresos mínimos y suficientes, de ámbito estatal, para que toda persona en situación de pobreza tenga derecho a un ingreso mínimo que le facilite afrontar esta situación de precariedad y avanzar en procesos de inclusión.

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